Conoce información importante sobre el trámite de insolvencia para Persona Natural No Comerciante y Pequeña Comerciante.
Es un procedimiento legal diseñado para las personas naturales no comerciantes y pequeños comerciantes que atraviesan una dificultad económica y no pueden cumplir oportunamente con sus obligaciones.
Este mecanismo les permite reunir en un mismo escenario a todos sus acreedores para buscar, de manera organizada y dialogada, un acuerdo de pago acorde con su capacidad real. El proceso se realiza con la mediación de un operador autorizado en insolvencia, como los Centros de Conciliación, incluidos los ubicados en los Consultorios Jurídicos o las Notarías.
Cuando no posible lograr un acuerdo, la ley contempla la liquidación patrimonial, un proceso que se adelanta ante el juez civil competente y que permite la liquidación ordenada de los activos del deudor para atender las obligaciones hasta donde el patrimonio lo permita.
Para ello, la ley contempla los siguientes mecanismos:
Pueden acceder a este régimen:
Se exceptúan las personas naturales que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles que estén adelantando un proceso de insolvencia empresarial ante la Superintendencia de Sociedades o que formen parte de un grupo de empresas que lo están haciendo por causas relacionadas entre ellas.
Para iniciar el trámite, se debe cumplir al menos una de estas condiciones:
En cualquier caso, el valor de las obligaciones en mora deberá representar no menos del treinta por ciento (30%) del pasivo total del deudor.
Para este cálculo no se incluyen las obligaciones por libranza o descuento de nómina, salvo que efectivamente hayan dejado de abonarse.
La negociación de deudas y la convalidación de acuerdos se adelantan ante:
Cuando en el municipio del domicilio del deudor no existan centros de conciliación autorizados, ni notaría que tenga lista de conciliadores inscritos, el deudor dispone a su elección de presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación que lo esté o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial.
Así mismo para los Centros de Conciliación y notarias que cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria, tendrán la competencia para adelantar dicho procedimiento de manera virtual, sin importar el domicilio del deudor, incluso si este se encuentra en el exterior.
La solicitud de trámite de negociación de deudas podrá ser presentada directamente por el deudor, quién podrá comparecer al trámite acompañado o representado por un apoderado judicial.
Será obligatorio nombrar un apoderado judicial en los casos en que sea superada la mínima cuantía que corresponde a cuarenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (40 SMMLV).
Aceptada la solicitud de negociación de deudas por parte del conciliador, se producirán los siguientes efectos:
También se suspenden las medidas cautelares.
Se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren hecho exigibles antes de la iniciación de dicho trámite.
El acuerdo debe:
No obstante, en caso de que no pueda llegar a un acuerdo total, el deudor podrá realizar acuerdos bilaterales con acreedores que tengan garantía real o arrendamiento financiero sobre el inmueble que sea su vivienda o sobre muebles que constituyan un activo necesario para su actividad productiva o su vida de relación, los que tendrán plenos efectos entre las partes.
El plazo máximo para pago de las acreencias no podrá ser superior a cinco (5) años contados desde la fecha de celebración del acuerdo; salvo que así lo aprueben dos o más acreedores que representen más del sesenta por ciento (60%) de los votos o que originalmente alguna de las obligaciones hubiese sido pactada por un término superior a este límite.
Si transcurrido el término previsto por la ley, no se logra la aprobación de un acuerdo de pago, el conciliador declarará el fracaso de la negociación e inmediatamente remitirá el expediente al juez civil de conocimiento, para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial.
El conciliador también declarará el fracaso cuando en el transcurso de la audiencia se haya efectuado una votación formal que no alcance la mayoría de los votos necesarios para aprobar un acuerdo de pago, a menos que el deudor manifieste que mejorará su propuesta de pago y el termino de negociación de deudas no haya finalizado.
Cuando se haya aprobado acuerdo de pago y el deudor lo incumpla, cualquiera de los acreedores o el mismo deudor, informarán por escrito de dicha situación al conciliador, dando cuenta precisa de los hechos constitutivos de incumplimiento.
Si se comprueba el incumplimiento del acuerdo por parte del deudor y este no puede normalizar (pagar la parte incumplida) el conciliador declara el incumplimiento y remite el expediente al Juez Civil correspondiente para que se inicie el proceso de Liquidación Patrimonial.
Ante la posibilidad de incumplimiento del acuerdo de pago por cambio de las condiciones económicas del deudor y/o incumplido el acuerdo de pago, el deudor tiene la alternativa de convocar a una audiencia de reforma del acuerdo, en la cual presentará a los acreedores la nueva propuesta de pago, la que se someterá a votación de los acreedores y si se logra la mayoría necesaria se aprueban las nuevas condiciones.
La liquidación patrimonial del deudor persona natural no comerciante se iniciará en los siguientes eventos:
En la audiencia de adjudicación, el juez define cómo se distribuirán los bienes del deudor para pagar las obligaciones incluidas en la liquidación, respetando el orden de prelación legal de créditos.
La adjudicación comprende la totalidad de los bienes, incluido el dinero disponible, el cual se distribuirá conforme a esa prelación.
El proceso garantiza la igualdad entre los acreedores de una misma clase, procurando que cada uno reciba, en proporción a su crédito, bienes de igual naturaleza y calidad.
La distribución se realizará en el siguiente orden:
Si después de atender todas las obligaciones quedaran remanentes, estos serán entregados al deudor
El saldo total o parcial de las obligaciones que no lograron pagarse con la adjudicación de bienes, se volverán obligaciones naturales.
El deudor que cumpla un acuerdo de pago solo podrá solicitar un nuevo procedimiento de insolvencia una vez transcurridos cinco (5) años desde la fecha del cumplimiento total del acuerdo anterior.
Las personas naturales sólo podrán presentar una nueva solicitud de liquidación judicial o patrimonial a los diez (10) años de iniciado el anterior proceso de liquidación y las que hayan cubierto con sus bienes el total reconocido dentro del proceso podrán hacerlo transcurridos cinco (5) años.
El conciliador o el juez deberán reportar en forma inmediata a las entidades que administran bases de datos financieras, crediticias, comerciales y de servicios, la información relacionada con:
